Fuente: Diario El Comercio 21/05/2018
Patricia Carolina González
Los cambios establecidos en la ley que regula a las compañías de medicina prepagada y seguros de asistencia médica, desde octubre del 2016, han generado una contracción en el tamaño de este mercado. Esto causó la salida de varias empresas que ya no están autorizadas por laSuperintendencia de Compañías, Valores y Seguros (Supercías)para operar.
Cumplir con un capital suscrito de USD 1 millón es una de las exigencias de la normativa para operar. El plazo para cumplir con ese requisito venció en octubre del 2017, confirmó el ente regulador.
En octubre del pasado año, 25 firmas brindaban el servicio. Sin embargo, para febrero del 2018, según una circular de la ‘Supercías’, solo estaban registradas y autorizadas para operar 18 empresas: 11 con sede en Quito y siete en Guayaquil. El organismo informó que estas firmas cumplieron con el capital mínimo.
De las siete empresas restantes, seis entraron en procesos de “disolución y liquidación” y una se mantiene en proceso de “solventar observaciones al aumento del capital pagado previo a su aprobación”, aclaró la Superintendencia. Esa empresa “no puede aceptar o captar contratos o afiliaciones”.
La ley también determina, en su artículo 10, que las compañías deben mantener requerimientos de solvencia, inversiones obligatorias y montos de reservas por servicios prestados y no reportados y servicios prestados y reportados, además de las que determine el ente regulador. Solo las reservas corresponden al 10% de las primas -precio que paga el cliente por la cobertura- y deben constituirse en un lapso de tres años (2017-2019).
La Asociación Ecuatoriana de Empresas de Medicina Integral Prepagada (Aeemip) calcula que los regímenes de solvencia y reservas representan una capitalización de más de USD 100 millones para la industria.
Otro de los cambios de la normativa es el reembolso que deben hacer las compañías a la red pública, por las atenciones que reciban sus afiliados en centros médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y del Ministerio de Salud. El gremio ha señalado que esto representa un costo de alrededor de USD 70 millones anuales para el sector.
Pablo Albuja, presidente de Aeemip, calificó esta medida de inconstitucional y subrayó que afecta a la seguridad jurídica de las empresas. No obstante, aclaró que aún no se ha ejecutado porque la Autoridad Sanitaria no ha definido la capacidad económica de las compañías y la progresividad para los reembolsos, como lo establece el reglamento de ley.
A más de las exigencias de capital, se demanda que los planes de las compañías sean aprobados por la Agencia de Aseguramiento de Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess) y las notas técnicas, por la ‘Supercías’.
Las notas técnicas son documentos en los que se establecen las primas o montos mínimos y máximos que deben cobrar las compañías de seguros a empresas o personas para asegurarlos contra riesgos.
Para Patricio Salas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg), la entrada de una nueva autoridad, como lo es el Ministerio de Salud, a través de la Acess, ha ocasionado ciertos retrasos en autorizaciones que afectan el desenvolvimiento de la actividad. “Se han complicado los trámites para aprobar nuevos planes y notas técnicas, en algunos casos toman meses”.
“Este entorno regulatorio y de riesgo lleva a que cada compañía evalúe su posición competitiva en el mercado y defina a qué segmentos desea ofrecer sus servicios”, explicó Albuja.
Algunas compañías están redefiniendo sus nichos. Un informe del presidente de la empresa de medicina prepagada Salud S.A. a la junta de accionistas sobre su ejercicio 2017, con fecha de marzo pasado, señala que la firma desvinculó a 91 personas, por la decisión de “enfocar a la empresa en negocios individuales”. Este documento está publicado en el portal de la ‘Supercías’. Antes esta compañía tenía un fuerte enfoque en planes corporativos. Se le consultó a la firma sobre el tema, pero no respondió.
El plan económico incluía un gravamen del IVA a los planes de seguros de salud y vida con primas mayores a USD 150. Sin embargo, el nuevo ministro de Finanzas, Richard Martínez, ha dicho que no es partícipe de este tipo de medidas.
