Fuente: Diario La Hora
El 77% de las pólizas que tiene esta empresa pública corresponde a sus contratos con el Estado.
“Tenemos que eliminar los rezagos de la época correísta y evitar cualquier posibilidad de ventajas injustas. Con licitaciones abiertas, el sector público accedería a mejores precios y condiciones”. Es el argumento de Roberto Aspiazu, vocero de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros, sobre la polémica desatada con la empresa estatal Seguros Sucre.
A partir de 2009, con base en el numeral 2 del artículo 107 del Reglamento General a la Ley de Contratación Pública, y reforzado por una directriz emitida por Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de Rafael Correa, las empresas públicas comenzaron a contratar su aseguramiento exclusivamente con Seguros Sucre.
Esto le ha significado mucho a Seguros Sucre. A tal punto que de los 274 millones de dólares que actualmente tiene en pólizas, 211, el 77%, corresponden a las 530 empresas estatales con las que tiene contratos.
Todo esto a través de la figura de contratación bajo régimen especial, el cual, según Azpiazu, se ha utilizado de forma continua cuando solo se lo debería hacer en casos puntuales. Con esto concordó el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) que, mediante oficio fechado el 6 de julio 2018, puntualizó que “el régimen especial es de aplicación no recurrente”, y para el resto de casos se debe escoger al proveedor que ofrezca las mejores condiciones.
274 millones de dólares en pólizas tiene Seguros Sucre. Además, los representantes de las aseguradoras privadas argumentaron que el artículo 74 del Código Monetario y Financiero, que como ley tiene primacía ante un reglamento, instruye que los procedimientos de contratación pública sean realizados buscando la mejor opción en precio y calidad.
En este sentido, el oficio del Sercop aconseja que la Procuraduría dirima qué normativa tiene preeminencia. “Estamos evaluando acudir a esa instancia, pero no debería ser necesario porque las leyes son claras”.
Polémico contexto
De acuerdo con las compañías privadas, si se abren concursos públicos en las instituciones públicas, por efecto de las mejores condiciones y precios, el Estado, sin recurrir a un nuevo impuesto, podría ahorrarse al menos 40 millones de dólares anuales.
211 millones de dólares pertenecen a 530 instituciones del Estado.Dayan Argüello, gerente de Seguros Sucre, aseguró que no existe ningún monopolio, y que la compañía que representa tiene el 12% del total del mercado de seguros. “No hemos recibido ningún tipo de llamadas, presiones o quejas para favorecer o buscar ser favorecidos”, afirmó. Además, que las adjudicaciones directas a través del régimen especial son legales.
Aspiazu, por su parte, cree que otro problema son los siniestros no indemnizados a satisfacción, como el caso del reclamo de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) por los daños sufridos en sus propiedades durante el terremoto de abril 2016. CNEL pidió indemnización por 39,4 millones de dólares, pero Seguros Sucre solo ha ofrecido 11 millones. (JS)
El nuevo Secretario de la Presidencia
° Eduardo Jurado, secretario general de la Presidencia, confirmó que una de sus empresas, Consólidos, es socia accionista de la empresa Gea, la cual presta servicios a Seguros Sucre. Pero sostuvo que no hay conflictos de intereses y que puede ser empresario privado y al mismo tiempo funcionario público.
Xavier Aguilar, abogado y docente, opinó, sin embargo, que el conflicto de interés es evidente y que incluso su nombramiento estaría reñido con el numeral 2, artículo 152 de la Constitución, que prohíbe ejercer funciones, con rango de ministro, a personas vinculadas a empresas con contratos con el Estado.
Jurado envió una misiva pidiendo a las empresas del Ejecutivo que se abrieran las licitaciones públicas a otras aseguradoras. Sin embargo, dos días después cambió de opinión y les dijo que deben seguir contratando exclusivamente con Seguros Sucre. Él argumentó que esta contradicción consigo mismo fue producto de una consulta con la Secretaría Jurídica de la Presidencia.